Tras la aprobación del texto definitivo de la reforma la semana pasada en la Comisión Constitucional, el Pleno del Congreso ha aprobado hoy esta histórica modificación de la LOREG, que restituirá el derecho al sufragio a las 100.000 personas que no podían votar por tener modificada legalmente su capacidad, la mayoría de ellas, personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Con esta reforma, la Cámara atiende una demanda histórica de las organizaciones de la discapacidad. Desde hace 7 años, Plena inclusión –a través de su campaña #MiVotoCuenta–, ha tratado de concienciar a la ciudadanía y los poderes públicos sobre la discriminación que han sufrido las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo sometidas a procesos de incapacitación, a las que se sacaba del censo electoral de forma automática. Lo ha hecho contando con el protagonismo de estas personas, visitando a los políticos de los distintos grupos parlamentarios, lanzando vídeos y sensibilizando a otras como ellas para que reivindicasen este derecho.

Como parte de esta campaña, esta mañana, los diputados y diputadas que entraban al Congreso se han encontrado a un grupo de personas con discapacidad intelectual que les han abordado para ofrecerles una flor y una papeleta de la campaña de Plena inclusión #MiVotoCuenta, en señal de agradecimiento por su trabajo en la consecución de esta importante reforma.

El Estado español da por fin respuesta al compromiso de revisión legislativa en este ámbito adquirido al ratificar en 2008 la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 29 establece la obligación de “asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás […] incluida la posibilidad de votar y ser elegidas […]”

Tras esta reforma, a la que ya le falta sólo el formalismo del paso por el Senado y la ratificación final del Congreso, Plena inclusión se volcará en la demanda de que toda la información sobre el proceso electoral sea más comprensible. Pese a que ahora todo el mundo tendrá derecho a votar, continúa habiendo personas que no pueden hacerlo en igualdad de condiciones que el resto.

La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados da hoy luz verde al texto definitivo sobre la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, mediante la cual se activará el derecho al voto de 100.000 personas inhabilitadas para el mismo por sentencias de modificación de su capacidad. Con esta reforma, la Cámara atiende una demanda histórica de organizaciones de la discapacidad como Plena inclusión –a través de su campaña #MiVotoCuenta–, y avanza en el cumplimiento de la Convención de la ONU sobre Derechos de personas con discapacidad ratificada por España.

Si todo sale según lo previsto, las autonómicas andaluzas del 2 de diciembre pasarán a la historia como las primeras elecciones en las que podrán votar todos los ciudadanos mayores de edad en nuestro país, sin distinción. La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy el texto definitivo de la reforma de la LOREG, mediante la cual se habilitará para ejercer su derecho al sufragio a 100.000 ciudadanos y ciudadanas españolas que habían sido eliminadas del Censo como consecuencia de sentencias judiciales de modificación de su capacidad de obrar. Finalmente, el texto incluirá tanto el reconocimiento a estas personas del sufragio activo (voto) como el pasivo, es decir, la posibilidad de ejercer cargos públicos presentándose a candidaturas electorales. El próximo día 18 pasará al Pleno del Congreso y tras ello al Senado para su aprobación definitiva.

La propuesta de reforma estaba pendiente desde hace un año, cuando el Pleno atendía una instancia de la Asamblea de Madrid, aprobando por unanimidad iniciar su trámite parlamentario. Se trata de una demanda que las organizaciones de la discapacidad venían solicitando desde la ratificación por el Estado español de la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 29 establece la obligación de los países firmantes a “asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás […] incluida la posibilidad de votar y ser elegidas […]”

El 8 de febrero del año pasado, Plena inclusión, CERMI y Down España, reivindicaron el derecho al voto en una concentración frente al Tribunal Constitucional. En ella, una madre y una persona con discapacidad, leyeron un Manifiesto por este derecho en representación de todas las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Personas como Adolfo Barroso, un andaluz que hace tan sólo unos meses recuperó su derecho al voto tras una lucha de varios años, asesorado por Plena inclusión Andalucía; que ha conseguido hace tan sólo unos meses recuperar su derecho y que ahora le va a tocar ser de los primeros que voten en sus autonómicas.

Adolfo cuenta que es la primera vez que va a poder votar “porque la única vez que lo intenté con 18 años me di cuenta de que no estaba en las listas y no podía”. Se alegra de esta reforma, “sobre todo al pensar que no va a haber más gente que pase por lo mismo”, un proceso que califica de “lento y cansado, con muchos papeleo y visitas a los juzgados”. Adolfo, como su compañero Javier Krag, que salió hace poco en la prensa nacional reivindicando su derecho, tuvo que pasar por un examen en el que le preguntaban cosas como “cuál era la velocidad de la luz o quién era Catalina la Grande”.

Cristina Paredero, miembro de la Junta Directiva Estatal de Plena inclusión –en nombre del Grupo de Apoyo a la Dirección de esta organización–, ha afirmado que esta aprobación “es una gran noticia para miles de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo”, ya que “es un derecho constitucional y humano elegir a los líderes que te representen en política, y uno de nuestros muchos derechos que han sido vulnerados a estas personas. Tal como recoge la Convención, una incapacitación nunca debe ser sinónimo de retirar el  derecho al voto. Como persona con discapacidad intelectual o del desarrollo me enorgullece saber que hoy mismo ese sueño está próximo a convertirse en realidad. Pero eso no significa que todo esté hecho. No basta con devolvernos lo que nos han quitado y lo que era nuestro derecho: aún tenemos que conseguir que el voto sea accesible universalmente y eliminar todas las barreras, tanto físicas como cognitivas, que imposibilitan el ejercicio de este derecho en igualdad de condiciones que el resto”